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La normativa europea plasmada en la Decisión Marco 2008/675/JAI, del Consejo, de 24 de julio de 2008, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal, establece que las condenas dictadas por cualquier Estado miembro de la Unión Europea tienen los mismos efectos jurídicos que corresponderían a las condenas nacionales conforme al derecho interno de cada país, aunque establece algunas excepciones, que la ley orgánica española 7/20014, de 12 de noviembre de transposición de la citada Decisión Marco, ha convertido en la regla general, en lo que afecta al ámbito de la ejecución penal, dejando sin contenido, prácticamente, el mandato europeo de equivalencia de sentencias.
