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Juan Manuel Goig Martínez 
La Constitución venezolana de 1999, que cierra un ciclo constitucional de casi dos siglos, es la más avanzada, completa y renovada en el tratamiento de los derechos fundamentales, tanto en su concepción y estructura, como en la extensión de los derechos tutelados, y en este sentido, podemos entender como aspectos especialmente relevantes, tanto el amplio reconocimiento constitucional de los derechos, como las instituciones y mecanismos de protección y garantía que se crean en orden a la eficacia de esos derechos. No obstante, el tratamiento teórico de los derechos y libertades, y de sus garantías constitucionales, no se corresponde con la realidad política, caracterizada, por un lado, por un modelo de confusión e interferencia de poderes que hace del principio de legalidad y de la independencia judicial garantías vacías de contenido, y por otro, por un intervencionismo estatal sin límites en la vida de los ciudadanos.
The Venezuelan Constitution of 1999, a constitutional cycle of almost two centuries, is the most fearless, complete and renewed in the treatment of fundamental rights, both in its design and structure, and in the extent of protected rights, and in this sense, we can understand as especially relevant aspects, both the broad constitutional recognition of rights as the institutions and mechanisms of protection and assurance that you create in order to the effectiveness of these rights. However, the theoretical rights and freedoms, and their constitutional guarantees treatment, is not characterized political reality, on the one hand, by a model of confusion and interference of powers which makes the principle of legality and judicial independence guarantees empty content, and on the other by a State intervention without limits in the life of the citizens.
