En su Sentencia 778/2013 el Tribunal Supremo analiza la cuestión de si puede considerarse justificada la conducta del empleado que, con el propósito de denunciar actividades ilícitas de su empresa, obtiene y revela información confidencial relativa a la propia compañía y a terceras personas. La resolución resulta sumamente interesante al establecer las condiciones con las que potenciales denunciantes de irregularidades empresariales (whistleblowers) pueden incurrir en algún tipo de responsabilidad penal en Derecho español y plantea importantes cuestiones interpretativas relacionadas con los delitos de revelación de secretos, las causas de justificación y el error de prohibición.