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La gestión del agua en España es una cuestion conflictiva, no sólo por lo estratégico y la escacez del recurso, sino entre otras causas, por su desigual distribución geográfica y por los distintos esquemas de competencias para regular el agua que posee cada Comunidad Autónoma. Esta situacion ha requerido el pronunciamiento del Tribunal Consitucional sobre la legalidad de algunas reformas de estatutos autonómicos.El marco jurídico del agua en España ha sido sustancialmente modificado con la incorporación de la la Directiva marco de aguas de la Unión Europea, la que se centra en criterios de conservación y calidad ambiental, y se basa en en noción de demarcación hidrográfica. El agua en este país recibe un trato uniforme como parte del “dominio público hidráulico del Estado”, no obstante existen algunos supuestos de dominio privado y derechos de aprovechamiento acordes a los diferentes usos posibles.En el plano institucional España cuenta con un desarrollado entramado de organismos que al menos en lo estructural involucran a todos los sectores interesados en la gestión dominio público hidráulico.
