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En octubre de 2014 se realizó en Uruguay un plebiscito con el objeto de reformar la Constitución de la República. Dicha instancia pretendía reducir a los 16 años la edad para imputar como adultos algunos delitos establecidos en el Código Penal. En este trabajo se presentan algunos peculiares contenidos que tuvo el desarrollo de la campaña y los debates hacia ese acto electoral que, si bien refieren al contexto nacional, no resultan extraños como fundamento de las iniciativas legales en ese sentido que son promovidas en casi todos los países del continente.Se parte del supuesto que la iniciativa de reforma constitucional trascendía la mera “cuestión penal adolescente”, suponiendo un campo de disputa socio cultural más amplio. El camino transitado por Uruguay desde 2011 muestra la vigencia de algunas tendencias ya observadas a nivel internacional: una creciente “politización de la cuestión penal” que funciona como campo de confrontación y reconstrucción de un programa político más amplio; asociadas con la centralidad de las víctimas como un factor político de peso para definir el contenido de las políticas criminales y la creciente desvinculación de los condicionamientos estructurales que marcan una profunda distancia de la “cuestión social” como factor a considerar para interpretar la “cuestión penal”. No obstante el fracaso electoral de la iniciativa, se postula que subsisten los fundamentos ideológicos que tienen como horizonte el incremento de la punitividad como forma de resolver los problemas de seguridad existentes.
