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La oleada de reformas de los años noventa en América Latina parece haberse frenado o por lo menos se vislumbra una moderación en el entusiasmo por la privatización de los sistemas de pensiones. Las deficiencias del sistema de capitalización individual y las fallas en los marcos institucionales, aunadas a la informalidad, al desempleo y a los bajos salarios que caracterizan a la región, han dado lugar en el primer lustro del siglo XXI a diferentes procesos legales para resolver las problemáticas enfrentadas: cobertura, eficiencia y equidad. A pesar de los enfoques distintos, ellos comparten, en cierta forma, el reforzamiento de la intervención de las instituciones públicas y la incorporación de mecanismos de solidaridad.
