Acceso usuarios
En México ser un delincuente no siempre tiene consecuencias penales porque los ministerios públicos son incapaces de garantizar la investigación efectiva de los delitos. En un amplio porcentaje de casos, la institución se ha mostrado incapaz de resolver delitos como el robo a casa-habitación, el secuestro, las desapariciones o el asesinato. En México se vive en la impunidad y es importante señalar responsables. No hacerlo, nos impide identificar el problema y resolverlo. Hay muchos responsables: a) las policías sin profesionalización, cuyo actuar no favorece la investigación efectiva de los delitos; b) los ministerios públicos locales y federal sin formación adecuada para el cargo que ocupan; c) los legisladores y el ejecutivo que no se proponen una reforma en serio al sistema de justicia; d) los partidos políticos que no sancionan con la expulsión a sus miembros por estar vinculados con la delincuencia organizada. En este análisis me centro únicamente en un responsable: los representantes políticos, en particular, los encargados de cambiar las reglas del juego con las que opera el sistema de procuración de justicia: legisladores y ejecutivo. ¿Qué acciones se deben implementar para evitar casos como Ayotzinapa or Tlatlaya? Se debe plantear una reforma a fondo al sistema de procuración justicia si queremos contar con un ministerio público que fortalezca el Estado de derecho.
