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Entre finales de agosto y comienzos de septiembre de 2011, un parlamento español con fecha de caducidad, puesto que se habían convocado ya elecciones generales para el 20 de noviembre de ese mismo año, procedió a la reforma del art. 135 de la Constitución con el objeto de introducir el principio de estabilidad presupuestaria, así como la limitación del déficit público y de la capacidad de endeudamiento de las distintas administraciones públicas. El proceso se llevó a cabo siguiendo lo previsto en el art. 167 de la Constitución española, que prevé un procedimiento simple de reforma de aquellas partes del texto constitucional que no afectan a las que se consideran instituciones y principios básicos del mismo. La rapidez con que se desarrolló el proceso, unido al hecho de que se evitara por todos los medios el debate y la participación ciudadana al respecto, rehuyendo la celebración de un referéndum, ha dado lugar a que se haya calificado como de reforma exprés. El presente artículo analiza los detalles de la reforma y las circunstancias que la rodearon, con especial atención a los argumentos esgrimidos por el Tribunal Constitucional para avalarla ante el recurso de amparo presentado por dos diputados que se opusieron a la misma.
In august 2011, just a few months before the general elections, the Spanish Parliament passed the Balanced-budget Amendment. According to it, the new article 135 states the limitation of deficit spending and public debt for the central, regional and local governments. Socialdemocratic party and Popular party -the majority in Spanish Parliament- agreed with the Balanced-budget Amendment. Consequently, the parliamentary process was developed so quickly that has been called the "express" amendment. The minoritarian political parties -especially the lefties- claimed for a referendum to ask public opinion about this constitutional amendment that affects seriously the Welfare State. This article explains the details of the Balanced-budget Amendment and the political circumstances that accompanied all this process, analyzing the reasons argued by the Spanish Constitutional Court in order to reject the judicial claim presented by two Representatives, members of the Spanish Parliament, against this constitutional amendment.
