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María Teresa Alonso Pérez
En este trabajo se analizan tres cuestiones relativas al Código de Buenas Prácticas contenido en el Anexo del Real Decreto‐ley 6/2012. En primer lugar, consideramos que no se trata de un «código de conducta» porque no ha sido elaborado por los agentes a quienes va destinado y, además, se contiene en un Real Decreto‐ley, norma con rango de ley; en nuestra opinión podría calificarse como instrumento de Derecho opcional. En segundo lugar, se analizan los requisitos del supuesto de hecho que reducen excesivamente el alcance de la norma y también se exponen las medidas que el CBP contempla como remedio a la situación fáctica que regula. Finalmente, se valora el CBP como mecanismo regulador de un caso concreto de sobreendeudamiento de consumidores contrastándolo con la regulación francesa y la italiana de alcance general sobre la materia; destaca la prevalente voluntad del acreedor en todo el proceso de superación de la crisis del deudor.
Three questions about the Code of Good Practices, contained in the Annex to Royal Decree‐Law 6/2012, are analyzed in this work. We think that it is not a «code of conduct» because it has not been prepared by the agents to whom it is addressed, and also because it is contained in a law. We think that it is an optional law instrument. Secondly, we analyze the many requirements of the premise that reduce excessively the scope of the Law and we show measures provided by the Code of Good Practices as remedy for the factual regulated situation. Finally, the Code of Good Practices is valued as a regulatory mechanism of a specific case of over‐indebtedness of individuals, contrasting it with French and Italian regulation of general scope on the subject. We underline the prevalent will of the creditor over all the overcoming process for the debtor’s crisis.
