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Una práctica que se va extendiendo por los Juzgados de Instrucción, y que en principio puede parecer intrascendente, cual es sustituir la documentación por escrito de las declaraciones de testigos e imputados por únicamente su grabación en soporte audiovisual, no sólo carece de respaldo legal, sino que menoscaba el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva y altera los principios esenciales del proceso penal.
