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La Ley General de Arbitraje fue promulgada a mediados de los años noventa. Con dicha norma, el Perú estableció un sistema alternativo y dinámico de solución de conflictos. Sin embargo, dicha Ley debe estar acorde con lo establecido en los diversos tratados que el Perú ha ratificado en materia de arbitraje, toda vez que aquellos forman parte del Derecho nacional.De esta manera, y dada la importancia que revisten aquellos tratados, el autor realiza un análisis sobre los efectos que tienen en el campo de las inversiones, así como la armonía y conflicto que se podría generar en la aplicación de los diversos sistemas arbitrales, nacionales y comparados, y la actuación que se debería tener en el Derecho público y privado para afrontar estos nuevos retos que trae consigo la globalización.
