El Tribunal Constitucional ha resuelto, con celeridad poco habitual y convincente, el recurso que el Gobierno de Canarias interpuso contra la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ley en desarrollo del artículo 135 de la Constitución. La sentencia desestima todos los motivos de inconstitucionalidad, aún cuando cinco Magristrados discreparon en un Voto Particular. Este comentario revisa los fundamentos de la decisión bien compartiendo razones con la mayoría o con la minoría o aportando algunas argumentaciones diferentes. La aproximación permite reflexionar sobre los problemas que el recurso suscita desde una perspectiva enriquecedora.