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La reciente publicación en el BOE de la Ley Orgánica 5/2015 supone un paso adelante en la protección de los derechos procesales del imputado, preso o detenido en los procesos penales, garantizando su derecho de defensa y un juicio equitativo. Si bien es cierto que gran parte de los derechos recogidos en la norma europea ya venían plasmado en nuestra legislación interna, no lo es menos que se han introducido algunas novedades para su adaptación a sus postulados y para una mayor eficacia de los instrumentos de reconocimiento mutuo en el ámbito de la cooperación internacional.
