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Nuestro sistema jurídico vigente de protección al inversor en los mercados de valores descansa sobre paradigmas superados o que presentan evidentes carencias como son: i) el modelo de transparencia informativa; ii) la racionalidad del inversor, y iii) la eficiencia en el funcionamiento de los mercados. A la necesidad de superar estos viejos paradigmas, se añade la grave inseguridad jurídica derivada de la aplicación conjunta en la contratación mobiliaria del Derecho de Obligaciones y Contratos, del Derecho del Consumo y el Derecho del Mercado de Valores, lo que ha creado un «caleidoscopio normativo», en ocasiones contradictorio, en el que distorsionan principios fundamentales de nuestro Derecho Privado y donde se genera una confusión considerable. Ello exige «repensar» el modelo de protección del inversor vigente dentro de un nuevo régimen de la contratación mobiliaria desde nuevas bases y con nuevos planteamientos.
