La legislación existente aboga por un uso limitado y racional de los medicamentos para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud si bien esta limitación ha conllevado que tratamientos incluidos en la cartera de servicios hayan visto limitada su prescripción por órganos creados por las Comunidades Autónomas con la consecuencia de privar de una oportunidad terapéutica a los pacientes. Estas limitaciones pueden conllevar diversas consecuencias desde el punto de vista jurídico cuyo resultado final puede suponer que al final el coste que se ha tratado de evitar tenga que ser asumido igualmente por el sistema público vía conflicto judicial.