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La Ley de segunda oportunidad, aprobada mediante el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, incluye medidas de distinta naturaleza con el objetivo de estimular a aquellas personas físicas cuyo negocio ha fracasado a retomar su actividad empresarial. Además, el legislador incorpora tres medidas fiscales que tienen un marcado carácter social, si bien sólo la primera de ellas se relaciona con la reducción de carga financiera debidas a deudas generadas por la situación de crisis económica. Este trabajo comenta el significado y alcance de dichas medidas fiscales que consisten en: 1) la exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las rentas puestas de manifiesto por quitas y daciones en pago de deudas; 2) la ampliación del ámbito de aplicación de las deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 3) la exención de las tasas judiciales para personas físicas
