La mecánica tradicional de las operaciones de pago ha dejado paso a un nuevo escenario marcado por los continuos adelantos tecnológicos y la previsión de una regulación uniforme de los servicios de pago. Ello redunda favorablemente en la competencia, la eficiencia y la innovación pero también requiere un adecuado desarrollo normativo que garantice los derechos del consumidor usuario de servicios de pago fomentando la transparencia, la información y la seguridad. Si bien la Directiva 2007/64/CE, y su consiguiente transposición al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, sistematizaban de manera novedosa este contexto, la realidad práctica de las citadas operaciones ha llevado a la necesidad de una nueva regulación (propuesta de nueva Directiva de 2013).