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Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer 
Se examina el contenido del proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales». Para lograr esa agilización, el proyecto prevé la modificación de las reglas de conexidad entre delitos y su aplicación en la determinación de la jurisdicción y las competencias de los tribunales, suprime el actual régimen de remisión preceptiva por la policía judicial de atestados a delitos sin autor conocido, establece nuevos plazos más realistas para las fases de instrucción, previendo efectos procesales a su agotamiento, aun sin llegar a un archivo automático de las actuaciones e introduce un nuevo proceso por aceptación de decreto como suerte de «monitorio penal». Además, el proyecto regula un nuevo proceso de decomiso autónomo y, en especial, introduce una reforma de calado en el régimen de la apelación, al prever la apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por las audiencia provincial y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y al permitir la anulación en fase de apelación de la sentencia de instancia con posible repetición del juicio de instancia en determinadas circunstancias. Finalmente, se amplían los motivos de recurso extraordinario de revisión, en especial, introduciendo un procedimiento de revisión específico para dar cumplimiento a las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
