El principio ne bis in ídem constituye una garantía constitucional, que en el insider trading concede prevalencia del derecho penal frente al administrativo sancionador cuando concurre la triple identidad, aunque en este delito debería regularse más eficazmente, buscando formas adecuadas de articulación coherente y coordinada, porque la legislación penal tiene una relación estrecha con complemento en la administrativa, que en la praxis genera colisiones.