Andrea Irene Imbrogno
A 12 años de la sanción de la ley Nº 24.240 de defensa al consumidor, nos volvemos a preguntar si en la práctica existe una tutela de estos derechos. Para que se plasme en la realidad los derechos enunciados en la las leyes nacionales y provinciales, es preciso que el Estado, último responsable de cumplir con las leyes que él mismo dicta, facilite las herramientas para fomentar la educación en el consumo, siendo imprescindible que dote de los recursos suficientes, mediante subsidios, a las asociaciones de consumidores y usuarios, controle la existencia y funcionamiento de las oficinas municipales de educación al consumidor y cree tribunales de consumo. Sólo así se logrará una eficaz protección de consumidores y usuarios.