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En la sentencia Carter v. Canadá, de 6 de febrero de 2015, el Tribunal Supremo de Canadá ha venido a reconocer que la ayuda médica a morir (suicidio asistido por médico y eutanasia activa directa) es un derecho fundamental. Examinando la validez de la norma penal que prohíbe la ayuda al suicidio (también para enfermos terminales), ha concluido que es inconstitucional negar la ayuda médica a morir a enfermos adultos competentes que la pidan a consecuencia de una enfermedad o una discapacidad que les cause un sufrimiento permanente, intolerable e irreversible. El presente trabajo analiza y valora críticamente esta importante sentencia.
