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Juan Pablo Prado Lallande 
En el año 2011 entró en vigor la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de México cuyo objetivo es reforzar la institucionalidad y configurar una política de Estado sobre esta actividad inherente a la política exterior. Desde una perspectiva institucionalista, en este artículo se analizan aspectos clave de la cooperación mexicana desarrollados entre 2011 y 2014, haciendo énfasis en el estado actual de la puesta en marcha del contenido de la citada ley. Se concluye que durante el gobierno de Felipe Calderón no se respaldó políticamente la plena vigencia de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de México, frustrando así las expectativas generadas respecto a la conformación de una política de Estado en la materia. Por su parte, la actual gestión del Presidente Enrique Peña Nieto, si bien ha realizado avances en este sentido, también dista de atender cabalmente la citada normativa, ralentizando el proceso de institucionalización de la cooperación internacional para el desarrollo.
The Mexican Law of International Development Cooperation (lidc) was published in 2011 with the purpose of reinforcing the institutional framework and developing a State policy as an activity that is inherent to foreign policy. From an institutional perspective, this paper examines some key aspects of Mexican cooperation that were developed in 2011-2014, with an emphasis on the current status of the lidc implementation. It is argued that during Felipe Calderon’s administration the utter applicability of the Mexican lidc was not politically supported, thus frustrating the expectations concerning the development of a State policy on this matter. President Enrique Peña Nieto’s current administration has made some progress in this direction, but it is also far from fully complying with the lidc and this has slowed down the institutionalization process of international development cooperation.
