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La coexistencia de numerosas leyes autonómicas sobre mediación familiar y la Ley 5/2012, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, presenta algunos problemas tanto en cuanto a la propia competencia de las Comunidades Autónomas, como por la coordinación entre diversas normas reguladoras de una misma materia. La inactividad del legislador estatal puede en parte justificar las iniciativas autonómicas, pero este argumento no resulta válido en la actualidad, cuando la mediación familiar tiene perfecto encaje en la norma estatal.
