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Este artículo examina la posibilidad y la oportunidad de que el Derecho penal juegue un papel suplementario al que despliega el Derecho administrativo en la respuesta estatal ante los desafíos del cambio climático. A tal efecto, se analiza tanto la eventual aplicación del art. 325 CP español para el castigo penal de ciertas infracciones de disposiciones administrativas en materia de cambio climático como la viabilidad de incriminar las conductas proscritas por la Ley 1/2005 a través de un delito específico «contra el sistema climático». El artículo concluye la falta de justificación de la intervención penal en la lucha contra el cambio climático de acuerdo con una perspectiva político-criminal de carácter liberal.
