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Una de las consecuencias de la grave crisis económica en la que estamos inmersos ha sido la aprobación de una profunda reforma en el ámbito de la pensión de jubilación, llevada a cabo mediante la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, y la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Esta reforma ha afectado, en gran medida desde una perspectiva desfavorable para los trabajadores, a casi todos los elementos clave de la pensión de jubilación: la edad de jubilación ordinaria, la forma de cálculo de la base reguladora y el porcentaje aplicable a esta. Asimismo, ha introducido nuevas medidas para alargar la vida laboral de los trabajadores —eliminando las cláusulas de jubilación forzosa de la negociación colectiva— y ha incorporado el denominado factor de sostenibilidad, que comporta, de hecho, vincular los parámetros esenciales de la pensión de jubilación a requerimientos principalmente económicos. Todo ello comporta avanzar hacia un nuevo modelo de jubilación variable y claramente menos protector para sus beneficiarios.
