La transparencia es un elemento esencial de cualquier Estado democrático. El llamado right to know se abre paso con fuerza en las modernas legislaciones. En España, la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno pretende cubrir una laguna en nuestro ordenamiento, pero no ha aprovechado la oportunidad de poder contar con una ley innovadora. Al contrario, se ha desperdiciado una ocasión para poder incorporar la transparencia de modo efectivo en nuestro sistema jurídico. La ley debería haber configurado el derecho de acceso a la información pública como un verdadero derecho fundamental, y no solo como una manifestación de la transparencia en cuanto principio de actuación de las Administraciones Públicas. De la Ley 19/2013 se analiza en particular el régimen del derecho de acceso (no la transparencia activa) con una especial referencia a la relación entre transparencia y protección de datos.