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La arquitectura de la Unión Europea se ha construido con la argamasa de la solidaridad, de cuantiosos fondos europeos que se distribuyen a través de las políticas comunitarias. De ahí que sea imprescindible proteger los intereses financieros de la Unión y luchar contra la corrupción u otras actividades ilegales. La Comisión Europea creó entre sus propios servicios en 1999 la Oficina europea de lucha contra el fraude, con responsabilidad para realizar investigaciones administrativas contra el fraude. Varias evaluaciones e informes han destacado algunas de sus carencias y defectos. Este estudio analiza los problemas que se advierten en la actuación de esta Oficina y reclama la regulación de unos trámites de actuación claros que respeten los derechos fundamentales de los afectados y unas garantías procedimentales mínimas.
The Union institutions attach great importance to the protection of the financial interests of the Union and to the fight against fraud, corruption and any other illegal activity affecting those interests. The Commission established the European Anti-Fraud Office among its own services in 1999 with responsibility for conducting administrative fraud investigations. Evaluations and reports have highlighted faults and shortcomings. This study discusses the problems that can be seen in the performance of this Office and calls for the regulation of some clear action procedures which respect the fundamental rights of those affected and a minimum procedural guarantees.
