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La Comisión no actuó ilegalmente al prohibir a los pescadores franceses en 2008 que pescaran atún rojo antes de que expiraran las licencias de pesca. La institución europea estaba facultada para adoptar medidas de urgencia con el fin de evitar una amenaza grave para la conservación y la recuperación de la población de atún rojo, de modo que los pescadores afectados por estas medidas no pueden exigir una indemnización por el perjuicio sufrido.
