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La Comisión Europea ha decidido el 10 de julio llevar a España ante el Tribunal de Justicia por dos infracciones (distintas) de la legislación sobre medio ambiente. La primera se refiere a la deficiente gestión de los residuos: pese a las advertencias previas de la Comisión, muchos vertederos españoles siguen en funcionamiento pese a no cumplir la legislación de la UE pertinente. El segundo caso afecta a un proyecto de línea ferroviaria entre Sevilla y Almería, respecto al cual no se realizó una evaluación de impacto ambiental adecuada.
