La internacionalidad como nota característica que define la contratación efectuada a través de Internet, da más pie a la evasión al control por parte de los Estados y a defraudar la tutela del consumidor. Las diferencias entre las legislaciones contractuales nacionales acarrean costes de transacción adicionales e inseguridad jurídica para las empresas, y provocan en los consumidores una falta de confianza en el mercado interior.
La armonización del Derecho de los consumidores a nivel europeo ha permitido cierta aproximación en algunos ámbitos, pero las disparidades entre las legislaciones de los Estados miembros siguen siendo importantes. El instrumento puesto en marcha recientemente por la Unión Europea (la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a una normativa común de compraventa europea) se centra en la contratación transfronteriza, y dentro de ella, concretamente, en la compraventa, que es la categoría contractual más importante y utilizada para el intercambio de bienes y servicios. Y aunque el contenido de este instrumento todavía se encuentra en proceso de elaboración y de revisión por las instituciones comunitarias, representa la técnica más avanzada y efectiva adoptada hasta el momento por la Unión.