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La posibilidad de que una futura reforma legal pueda imponer a todos los partidos la elección de sus candidatos a procesos electorales por un sistema de primarias plantea desafíos desde un punto de vista constitucional. Este artículo trata de aportar alguna luz sobre la posible afectación de dicha previsión legislativa sobre el derecho de asociación de los partidos políticos, en su vertiente de autoorganización asociativa. Teniendo en cuenta que el mandato constitucional de respeto al principio democrático en el funcionamiento interno de los partidos implica la protección de los derechos fundamentales de sus afiliados, entre los que se sitúa su derecho de participación, las primarias llamadas «cerradas», es decir, la posibilidad de imponer legalmente que los afiliados elijan mediante sufragio directo y secreto directamente a los candidatos, es plenamente constitucional. Sin embargo, para respetar el derecho a la autoorganización asociativa, la regulación legal debe ser mínima, dejando el procedimiento específico de elección a los Estatutos del partido, y su vulneración ha de significar la imposibilidad de acceso a parte de la financiación pública a la que los partidos tienen derecho, no la prohibición de concurrir a procesos electorales.
The possibility of a future legal reform that mandates political parties to chose its candidates by primaries may challenge the Constitution. This article tries to clarify if the right to freedom of association of political parties �concretely, to internal self-organization� could be affected by this legal reform. Assuming that the constitutional mandate of respecting the democratic principle in the structure of political parties implies to protect the rights of affiliates, among which you can find the right to participate, a law that imposes closed primaries on political parties �meaning primaries where only affiliates are allowed to vote� is fully constitutional. Nevertheless, to respect the right to internal self-organization, the legal reform must leave the regulation of the concrete procedure of election to the Statutes of the party. Furthermore, infractions must be punished by cuts in public financing, not excluding the parties from the elections.
