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La educación superior, que se empieza a desarrollar en el mundo occidental desde la época medieval en la Universidad de Bolonia, ha sido detonador del desarrollo económico y social de los pueblos. Se trata de comunidades de estudiantes y profesores que de manera conjunta trabajan sobre los diversos saberes de la humanidad. En fechas recientes los profesores ya no participan en las actividades académicas universitarias únicamente por interés en el conocimiento o por el prestigio social, sino como una forma de actividad laboral, para obtener los ingresos necesarios y hacer frente a sus obligaciones económicas, personales y familiares. En México, el Derecho del Trabajo, surge constitucionalmente con el Art. 123 Constitucional en 1917. Reglamentaria de esta norma constitucional es la Ley Federal del Trabajo, en la que, desde 1980 se incorporó un capítulo relativo a los trabajadores de las instituciones de educación superior, autónomas por ley. Adicionalmente a las obligaciones derivadas de esta normatividad, los profesores de estas instituciones están sujetos a diversos programas emanados de las autoridades educativas federales, que para las instituciones significan alcanzar ciertos indicadores, que suelen asociarse a presupuesto extraordinario y para los profesores, significan ingresos, prestaciones y apoyos adicionales.
