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Patricia Pérez Fernández
El conocimiento de las conductas ilícitas se dificulta en el ámbito del Derecho de la Competencia, al no establecerse las conductas ilícitas de forma concreta o taxativa como ocurre, por ejemplo, en la normativa penal, sino a través de cláusulas más generales. Este hecho, junto con la obligación legal relativa a que las empresas tienen que cumplir la normativa de defensa de la competencia, otorga a los programas de cumplimiento en esta materia una gran relevancia, máxime cuando a través del Reglamento 1/2003, de 16 de diciembre de 2002, se introduce un principio genérico de exención legal en la normativa procesal de defensa de la competencia. La cuestión que se plantea en la práctica es si las autoridades de competencia deberían reducir el importe de la multa en los supuestos en que algún miembro de una empresa hubiese vulnerado la normativa de defensa de la competencia, a pesar de tener implementado un programa de cumplimiento en esta materia a nivel corporativo
