En este estudio, que toma como referencia básica el material empírico que proporcionan las Resoluciones de las autoridades de defensa de la competencia dictadas en los últimos cinco años, se delimita el alcance con el que se aplican las normas de la competencia a la actividad de los Gobiernos y Administraciones locales y se dilucida que las mismas no se aplican exclusivamente a la actividad empresarial local sino también a la que comporta ejercicio de poder público. Asimismo se analizan los requisitos jurídico-formales y materiales que han de concurrir para que la actividad local quede exenta de la aplicación de dichas normas.