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Se abordan en el presente trabajo, los problemas de constitucionalidad que plantea la Disposición Adicional Sexta de la Ley 8/2012, de 29 de junio, de Vivienda de Galicia, al supeditar la ejecución de sentencias judiciales que anulan licencias urbanísticas de edificación y ordenan la demolición de la construcción, a la tramitación de un expediente de responsabilidad patrimonial y, en su caso, a la consignación o pago a que tengan derecho los propietarios de viviendas edificadas al amparo de ese título, primando el derecho a residir hasta tanto este expediente sea resuelto. Se estudian también las cuestiones derivadas que plantea la norma, como es el expediente de reposición de la legalidad urbanística, y la situación de fuera de ordenación.
