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Los autores analizan las diferencias entre filtración y denuncia de irregularidades, concretamente en relación con la protección de los denunciantes. Examinan el marco normativo internacional y comparan los ordenamientos de Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Señalan la importancia de considerar las garantías constitucionales de la libertad de expresión además de la legislación específica sobre denuncia de irregularidades, los conflictos entre el interés público y los intereses empresariales, los problemas de seguridad que plantean los medios electrónicos y la polémica sobre los incentivos económicos mediante los que el Estado alienta al ciudadano a convertirse en garante de la ley denunciando conductas delictivas.
