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María Stella Baracaldo Méndez
La cultura del control de los comportamientos en defensa de la vida es tan antigua como la interacción social. Las dos guardan una necesaria relación para lograr la convivencia, la seguridad y la justicia, según los pactos establecidos en cada sociedad. En el Estado moderno la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano motivó la institucionalización de la fuerza pública para el logro de tales objetivos, que para el mundo occidental opera desde el postulado del “monopolio de la violencia física legítima” planteada por Weber y que es el dispositivo político para la distribución y conservación del poder.Pero, las grandes transformaciones “en la segunda mitad del siglo XX, desde los mercados económicos globales y el sistema de los Estados nacionales hasta la vida cotidiana y la dinámica psicológica de las familias y los individuos”, según David Garland (2005, p. 141) generó el cambio en los asuntos a cargo del Estado entre ellos la seguridad de las personas, su tranquilidad, el cuidado de sus bienes y de los elementos del entorno que hacen posible la vida.En Colombia, la fuerza pública concentra la atención, predominantemente, en los delitos de alto impacto y muy poco en los conflictos ciudadanos que afectan la convivencia. Mientras tanto, la vigilancia y la seguridad privada crecen vertiginosamente para cuidar la integridad y los bienes de los particulares, a través de mecanismos y medios como las armas, antes de uso exclusivo de los miembros de la seguridad pública.
