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Murcia, España
Este trabajo analiza, desde el punto de vista jurídico, el conflicto existente entre el derecho fundamental a la intimidad del trabajador y el ejercicio del poder directivo empresarial mediante medios de captación de la imagen o el sonido, el control de herramientas informáticas, y la contratación de detectives (profesionales que disponen hoy de dispositivos innovadores que, si bien mejoran la eficacia de su investigación, plantean nuevas dudas de constitucionalidad). El Tribunal Constitucional admite la licitud de tales medios de fiscalización siempre que la medida utilizada esté justificada, y sea idónea, necesaria y equilibrada. Ahora bien, el carácter casuístico de esta doctrina permite la adopción de soluciones judiciales contradictorias en supuestos análogos o idénticos, generándose una situación de inseguridad jurídica que afecta, no sólo a trabajadores y empresarios, sino también a los detectives contratados por éstos, al no conocer con nitidez los contornos de su ámbito lícito de actuación.
