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Aura Esther Vilalta Nicuesa
Cataluña se ha dotado muy recientemente de una regulación ad hoc para los procedimientos de mediación de consumo. Hasta ahora solo se contaba con una regulación de la mediación de consumo estatal que ha venido siendo catalogada de �prearbitral�, esto es, desarrollada dentro del proceso arbitral. Con la promulgación en Cataluña del Decreto 98/2014, de 8 de julio, sobre el procedimiento de mediación en las relaciones de consumo, la mediación cuenta también en este territorio con una regulación ad hoc del procedimiento de mediación previsto en el capítulo II del título III, libro I, de la Ley 22/2010, del 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña. El recién promulgado Decreto plantea nuevamente dos posibles opciones: sostener la atracción hacia la mediación institucional toda la conflictividad que pueda surgir en materia de consumo o bien, la que pareciera más plausible, sostener que no es un sistema excluyente ni que precluya otras vías o métodos alternativos de resolución. La disparidad de criterios entre algunas previsiones normativas del Decreto y otras normas aplicables en orden a la electronificación de la mediación o la repercusión de los costes de la mediación son algunas de las cuestiones que aborda este trabajo.
