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José María Pérez de Uralde
La aprobación de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social (BOE nº 76, de 30 de marzo de 2011) ha coincidido en el tiempo con las consecuencias más negativas que la crisis económica ha desplegado en España. También con las respuestas de la Administración para combatirlas. Sin embargo, las posibilidades que de algún modo puede ofrecer esta norma para que la Economía Social contribuya a mejorar las cosas en interés general, se ven frustradas por su absoluta inaplicación tras más de tres años de vigencia.Los previsibles procesos de recuperación económica y social no pueden afrontarse sin la Economía Social, por ello, lo primero es aplicar la Ley 5/2011 y concretar las medidas que se establecieron para el fomento y desarrollo de este sector y a partir de ahí proyectar acciones de calado con su participación activa y suficiente. Una de esas medidas consiste en facilitar la institucionalización de la Economía Social desde una perspectiva amplia y permanente. La Ley 5/2011 también puede servir a tal finalidad.
