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Pablo Salvador Coderch 
, Antoni Terra Ibáñez, Alberto Vega García, Anna Ginès Fabrellas, Sergi Gálvez Duran
En este trabajo, sus autores plantean la cuestión de si el derecho �el parlamento, el gobierno, los jueces� puede imponer, a individuos y a empresas, cargas, deberes u obligaciones de alcanzar o de mantener niveles determinados de eficiencia económica. Para responder a ello, los autores parten de dos conocidas distinciones: la primera, de naturaleza económica, es la que media entre beneficio contable y beneficio económico; y la segunda, de naturaleza jurídica, es la que se establece entre reglas y principios. A continuación analizan casos del derecho civil, fiscal, laboral y mercantil español en los cuales la cuestión planteada se ha resuelto afirmativamente. La mayor parte de los casos regulados por reglas se refieren a propietarios de inmuebles que se encuentran en situaciones precisamente definidas, mientras que, en los supuestos sujetos a principios, el derecho impone deberes de eficiencia a individuos u organizaciones cuyas actividades o funciones son muy generales: ex cónyuges, trabajadores, contratantes, gestores y administradores de compañías mercantiles. Las dos tesis principales defendidas en este trabajo son, en primer lugar, que el derecho puede ciertamente imponer deberes generales y omnicomprensivos de eficiencia mediante principios como, señaladamente, el de buena fe. En cambio, aunque el derecho puede también imponer deberes de eficiencia mediante reglas, estas han de ser suficientemente precisas y aplicarse a casos concretos, pues, por razones económicas y jurídicas analíticamente fundadas y contrastadas por la experiencia histórica, no resulta económicamente viable ni jurídicamente admisible dictar y aplicar reglas generales u omnicomprensivas que obliguen a individuos y a empresas comportarse eficientemente o de un modo que el parlamento, el gobierno, o los tribunales afirmen que es más eficiente que otro.
