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Las turbulencias financieras que ha sufrido la zona euro en los últimos años fueron de tal intensidad, que desencadenaron la que se ha considerado la más profunda crisis existencial de la Unión Europea. Para afrontarla, se ha considerado ineludible retocar el equilibrio institucional sobre el que se ha asentado la Unión desde el Tratado de Maastricht: la modificación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la reforma del propio TFUE para permitir excepciones a la cláusula de no bail-out (art. 136.3) y la concertación de dos nuevos Tratados, el que constituye el Mecanismo Europeo de Estabilidad y, sobre todo, el TECG, que obliga a los Estados miembros a incorporar en sus constituciones la «regla del equilibrio presupuestario». Por consiguiente, estas novedades no sólo conllevan la centralización de poderes en el seno de la Unión, sino también la transformación de las constituciones económicas de los Estados miembros. Este artículo pretende examinar la incidencia de la reforma constitucional española en el sistema autonómico, y se centra fundamentalmente en el análisis de la Ley Orgánica 2/2012 dictada en desarrollo del art. 135 CE. Esta LO ha modificado sustancialmente el anterior marco normativo, de tal modo que entraña una profunda reestructuración del sistema de relaciones intergubernamentales hasta ahora existente. Con el objeto de asegurar la observancia de la disciplina fiscal, ahora se somete a las CC.AA. a nuevos mecanismos de supervisión y sanción. Además, el control de las CC.AA. sobre sus propios presupuestos ha disminuido con motivo del establecimiento de dos mecanismos de rescate por parte del Estado: el fondo para el pago a proveedores y el fondo de liquidez autonómico; mecanismos que están condicionados al cumplimiento de las medidas presupuestarias y económicas propuestas por el gobierno central. Por último, una reciente reforma de la Ley Orgánica ha ampliado la regla del límite de deuda, al incorporar la deuda comercial en el ámbito de aplicación del art. 135 CE.
Intense financial turbulences within the Eurozone have unleashed what has been referred to as the deepest existentialist crisis in the European Union. In order to face it, the institutional balance that sustains the European Union since Maastricht has been altered by recent reforms in European law, i.e. the reform of the Stability and Growth, the reform of the very TFEU to allow for exceptions to the no bail-out clause (art. 136.3), and the conclusion of two new Treaties, the Treaty establishing the European Financial Stabilisation Mechanism and, above all, the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union, that directs member States to incorporate in their constitutions the «balanced budget rule». Therefore these instruments not only entail centralization of powers in the EU, but also the transformation of the member States’ economic constitutions. This paper aims to examine the impact of the constitutional amendment in the Spain´s federal estructure, and the analysis focus mostly on the Organic Law passed by the central government to implement the new art. 135 CE. This Organic Law has substantially altered the previous legal framework so that the system of intergovernmental relations between the center and the autonomous communities has been deeply reshaped. In order to ensure the fiscal discipline, the communities are now subject to new monitoring and sanctioning mechanisms. Furthermore, communities’ control over their own budgets has decreased because two bail-out mechanisms have been established by the State: the «payments to suppliers fund» and the «regional liquidity fund». These mechanisms are conditioned on the communities’ compliance with the budgetary and economic measures undertaken by the central government. Finally an amendment of the Organic Law (2013) has broadened the debt limit rule by including the commercial debt.
