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El art. 40.2 CE encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), dando respuesta a dicho mandato constitucional y a las normas internacionales vinculantes, reserva a las Administraciones públicas un papel relevante en el desarrollo de la política en prevención de riesgos laborales. Aunque las normas internacionales vinculantes �Directiva Marco 89/391 y Convenio OIT nº 155- ponen el acento, sobre todo, en la aplicación de medidas de vigilancia y control del cumplimiento de las normas preventivas, nuestro legislador encomienda a las Administraciones públicas un amplio conjunto de funciones con el objetivo último de alcanzar la protección eficaz del trabajador en la realización de su trabajo, mejorando sus condiciones de trabajo mediante la promoción de la seguridad y salud y el control de las normas de aplicación. Y en esta labor están implicadas distintas Administraciones públicas territoriales y de ámbito funcional diverso. En el presente trabajo se exponen los ámbitos de actuación previstos para las Administraciones públicas implicadas en la prevención de riesgos laborales, considerando los principios conforme a los que deben actuar tales Administraciones, especialmente, el principio de coordinación. Igualmente, examinamos algunas funciones que conciernen a las Administraciones públicas competentes en materia laboral, funciones de promoción y asesoramiento técnico, control preventivo previo y actividad comprobatoria
