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Carmen Quesada Alcalá 
En la actualidad, la “Primavera Árabe” y sus consecuencias traen consigo la necesidad de reconciliación y justicia. Pero, ante todo, se plantea la importancia de encontrar un modelo adecuado para la justicia y reconciliación en dichos países. Uno de estos modelos posibles es la Corte Penal Internacional (CPI). La CPI, a los nueve años de existencia, aún tiene que justificar la misma. De este modo, la Corte ha comenzado a investigar los supuestos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Libia, centrándose en el papel en los mismos del líder del país, el Coronel Gadafi, y su círculo más íntimo. Sin embargo, parece emerger el argumento de que la CPI estaría perjudicando el proceso de paz y reconciliación en Libia, en particular, ya que las órdenes de detención de la Corte impiden a los responsables de los crímenes buscar asilo en otros países, donde no cometerían más crímenes. Intentaremos analizar estos hechos, a la luz de la dificultad de entrega de Gadafi a la Corte, pero también tomando en consideración hechos positivos para los países árabes, como la ratificación del Estatuto de Roma por Túnez.
Nowadays, “Arab Spring” and its consequences imply reconciliation and justice. But, first at all, it is important to find an adequate model for justice and reconciliation in these countries. One of these models is the International Criminal Court (ICC). In its nine years of existence, the ICC has yet to prove itself. Therefore, International Criminal Court has started a formal investigation into possible crimes against humanity and war crimes in Libya that will focus on the role of the country’s leader, Col. Muammar el- Qaddafi, and members of his inner circle. There appears to be an emerging argument about how the ICC is undermining peace and reconciliation in Libya, in particular, about how the threat of ICC arrest warrants deters those charged with atrocities from going into exile where they will no longer be able to commit crimes. We will try to analyze these facts, taking into account the difficulty of transferring Gadafi to the International Criminal Court, as well as other positive facts for Arab Countries, as the Statute of Rome ratification’s by Tunisia.
