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La crisis económica, que ha propiciado un verdadero desmantelamiento del Derecho del Trabajo, provoca una conflictividad laboral legítima en respuesta a la eliminación o limitación de principios laborales básicos y derechos de los trabajadores consagrados histórica y constitucionalmente para su protección frente al poder del empresario. En el presente estudio se ofrece un análisis jurídico de esa conflictividad, en su vertiente colectiva derivada del ejercicio del derecho fundamental a la huelga, en cuyo contenido esencial se encuentran los piquetes, que pueden incidir en un ejercicio abusivo o irregular de este derecho, para replantearse la criminalización del delito de coacciones laborales del art. 315.3 CP en pro de una opción despenalizadora, como defendía el actual Presidente del Tribunal Constitucional en el año 1985 o, en su caso, más proporcional a la dimensión colectiva de la acción típica, tanto en sus aspectos estrictamente penales como civiles, en favor de los trabajadores y de los perjudicados.
