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Cecilia Pitt Martínez
Tras la proclamación de España como Estado Social y democrático, en la Constitución de 1978, el Estado español adquiere un compromiso obligado en cuanto a la guarda de los derechos sociales que se refuerza con la ratificación de la Carta Social Europea de 1980. El grado de cumplimiento de las obligaciones sociales en España es incompatible con la falta de ratificación de la Carta Social Revidada en 1996, obedeciendo más a lafalta de voluntad política que a una imposibilidad técnico-jurídica.
