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El redactor de la LEC de 2000 asumía que el beneficiario de la ejecución provisional dineraria pudiera devenir insolvente y frustrar el derecho del recurrente exitoso pero no fue capaz de anticipar la profundidad de la debacle financiera de 2008, quizá por ello instauro un sistema que de facto impide la oposición del ejecutado. La crisis ha obligado a los jueces a buscar soluciones creativas para mitigar el rigor de la Ley
