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David Carrión Morillo
La STS de 10 de marzo de 2014 supone la culminación de una jurisprudencia que ha establecido, de modo inopinado, que la escritura pública que contiene todos los datos que obligatoriamente deben existir en la factura justifica el IVA soportado. Aunque no exista factura de la entrega de bienes o de la prestación de servicios, la escritura pública que contenga la totalidad de sus datos garantiza el importe de la operación y el cumplimiento de los requisitos legales, por lo que permite deducir las cuotas soportadas del IVA. Esto desacredita la interpretación realizada por Hacienda y la manera de aplicar la normativa sobre facturación de sus inspectores.
