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Íñigo del Guayo Castiella 
La versión original de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 1985 y del Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local de 1986, no establecían una clara distinción entre competencias locales, servicios públicos locales y servicios esenciales reservados.
La reforma llevada a cabo en 2003 proporcionó un poco de claridad, pero no excesiva. Este artículo analiza las reformas llevadas a cabo en materia de servicios públicos locales por la Ley núm. 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local: se modifica la lista de servicios mínimos municipales; se refuerza el papel de las Diputaciones en la gestión de esos servicios mínimos; se introducen modificaciones en las formas de gestión de los servicios públicos; se modifica el precepto relativo a la iniciativa económica local y a las reservas locales; si una corporación local no cumple sus obligaciones financieras debe proceder a la gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la entidad local para reducir sus costes; y se establece la obligación de proceder a la determinación del coste efectivo de los servicios, antes del 1 de noviembre de cada año.
The original version of the Local Administration Act of 1985 and its development of 1986 did not establish a clear distinction between local competences, local public services and reserved essential services. The reform carried out in 2003 provided some clarity, but not excessive. This article analyses the reforms undertaken in the field of local public services by Act No 27, of 27 December 2013, on the rationalization and sustainability of local government: the list of minimum municipal services is amended; the role of Province Governments in managing these minimum services is reinforced; changes in the forms of managing services are introduced; it amends the provision relating to local economic initiative and local reserves; by local authority does not meet its financial obligations it must arrange an integrated or coordinated management of mandatory services provided local authorities, in order to reduce costs; and it imposes upon Local Governments the obligation to determinate the effective costs of the services by 1 November each year.
