La colaboración técnica y financiera entre las administraciones públicas y otros actores de la sociedad civil, dentro del respeto al marco competencial e inspirada en los principios de responsabilidad, participación, igualdad y equidad, constituye un instrumento esencial para la planificación, coordinación y seguimiento de las políticas sociales, máxime en momentos de importantes cambios sociales y de crisis económica, con el fin de atender las necesidades sociales de la ciudadanía y especialmente de aquellos grupos en riesgo para elevar la calidad de vida de las personas, luchar contra la pobreza, la discriminación y la exclusión social y alcanzar mayores cotas de bienestar socia